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 <title>Institucional - La Facultad en los medios | Facultad de Derecho - Universidad de Buenos Aires</title>
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   <h1> La Facultad en los medios</h1>
   <h2>Conflicto institucional in&eacute;dito y de consecuencias impensables</h2>
   <p><strong>19.09.10 | El Pa&iacute;s</strong></p>
   <p>Nuestro sistema no es el feudalismo</p>
   <p><strong>Marcelo Alegre</strong><br />
     Profesor de Derecho y Filosof&iacute;a, Fac. Derecho, UBA</p>
   <p>En 1995 el gobierno de N&eacute;stor Kirchner disolvi&oacute; la Procuraci&oacute;n General de Santa Cruz, echando a Eduardo Sosa, que desde entonces reclama la devoluci&oacute;n del cargo.</p>
   <p>La Corte Suprema orden&oacute; varias veces al gobernador que lo repusiera y ante el &uacute;ltimo incumplimiento, dio intervenci&oacute;n a la justicia penal e inform&oacute; al Congreso la violaci&oacute;n de la Constituci&oacute;n.</p>
   <p>El gobierno provincial, monitoreado desde el gobierno nacional, persiste en alzarse contra la Corte , planteando un conflicto institucional in&eacute;dito en democracia y de consecuencias impensables; los argumentos descalificatorios hacia la Corte son propios de un pedi</p>
   <p>do de juicio pol&iacute;tico; y en el Congreso se discuten varios proyectos de intervenci&oacute;n federal.</p>
   <p>Este conflicto tiene aristas jur&iacute;dicas poco controvertidas; y aristas pol&iacute;ticas novedosas en comparaci&oacute;n con otros enfrentamientos que ha tenido el Gobierno.</p>
   <p>Hablemos de federalismo, no de feudalismo. La principal objeci&oacute;n jur&iacute;dica a la orden de la Corte niega la naturaleza federal del caso. Pero ese car&aacute;cter es indudable: el Art. 116 de la Constituci&oacute;n dice que &quot;Corresponde a la Corte ... el conocimiento y decisi&oacute;n de todas las causas ... sobre puntos regidos por la Constituci&oacute;n &quot;; y el Art. 5&deg; ordena: &quot;Cada provincia dictar&aacute; para s&iacute; una Constituci&oacute;n bajo el sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garant&iacute;as de la Constituci&oacute;n Nacional ; ... que asegure su administraci&oacute;n de justicia.&quot; La Corte no transgredi&oacute; ni la autonom&iacute;a de la provincia ni el federalismo, que es un sistema de distribuci&oacute;n del poder que protege la democracia a nivel local y que ampara a los ciudadanos de las provincias contra la arbitrariedad del poder central, pero tambi&eacute;n de la arbitrariedad de los poderes locales.</p>
   <p>De all&iacute; que ese Art. 5 termine afirmando: &quot;Bajo de estas condiciones (se refiere al respeto al sistema republicano) el Gobierno federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus instituciones.&quot; Adem&aacute;s, el propio Tribunal Superior de Santa Cruz declar&oacute; la inconstitucionalidad de la ley usada para cesar a Sosa bas&aacute;ndose en el atropello a la garant&iacute;a constitucional de estabilidad judicial; y en un fallo que contiene se&ntilde;alamientos sobre el dram&aacute;tico impacto de la remoci&oacute;n del Procurador en las instituciones &quot;republicanas&quot; de la provincia.</p>
   <p>Si en un contexto de anomia los argumentos jur&iacute;dicos son insuficientes para alterar el rumbo del poder, tal vez sirva una consideraci&oacute;n pol&iacute;tica: este desaf&iacute;o a la Corte es autodestructivo para el Gobierno. No impugno aqu&iacute; una supuesta visi&oacute;n crispada de la pol&iacute;tica. De hecho no hay dos formas de hacer pol&iacute;tica, una confrontativa y otra dialoguista. Toda construcci&oacute;n pol&iacute;tica combina confrontaci&oacute;n (con algunos) y di&aacute;logo (con otros) y el Gobierno sabr&aacute; c&oacute;mo elige sus estrategias, pero cabe notar que esta disputa presenta riesgos especiales.</p>
   <p>Para comenzar, &iquest;le conviene al oficialismo poner a debate las pr&aacute;cticas antirrepublicanas del gobierno santacruce&ntilde;o de las dos &uacute;ltimas d&eacute;cadas? Es p&uacute;blico y notorio que al Procurador lo echaron por su independencia de criterio, lo que refuerza la idea de que en Santa Cruz no imperan ni la transparencia ni la tolerancia.</p>
   <p>Y es all&iacute; donde comienza este caso. Pero hay un riesgo mayor. Esta Corte goza de respeto. Eso conlleva un justo reconocimiento al Gobierno por haber impulsado el juicio pol&iacute;tico a la mayor&iacute;a autom&aacute;tica; por haber propuesto a juristas respetadas/ os en esas vacantes; y por haber reducido el n&uacute;mero de miembros, lo que avent&oacute; tradicionales sospechas de manipulaci&oacute;n.</p>
   <p>&iquest;Le sirve dilapidar ese cr&eacute;dito confrontando con una Corte Suprema de amplia legitimidad social? El Gobierno puede poner fin a este conflicto, exhibiendo el mismo respeto hacia la Suprema Corte de Al Gore en 2000, cuando la &quot;falange republicana&quot; en el m&aacute;ximo Tribunal de Estados Unidos le arrebat&oacute; la elecci&oacute;n.</p>
   <p>Podr&iacute;a dejar a salvo su desacuerdo, pero afirmar ante una decisi&oacute;n inobjetable lo que Gore ante una sentencia injusta: &quot; La Corte Suprema ha hablado. Que no haya dudas, aunque estoy profundamente en desacuerdo con la decisi&oacute;n, la acepto&quot;.</p>
   <p>Mientras, la obcecaci&oacute;n da&ntilde;a al pa&iacute;s y al Gobierno.</p>
   <p>Los argumentos descalificatorios hacia la Corte son propios de un pedido de juicio pol&iacute;tico</p>
   <p>Es p&uacute;blico y notorio que al procurador lo echaron por su independencia de criterio</p>
   <br />
<h2>&nbsp;</h2>
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